Carlos Font

COMPARACIÓN CONSTITUCIONAL

por 01 de agosto de 2011, 604 visitas
Os invitamos a hacer una reflexión comparativa acerca de los dos textos constitucionales que han marcado la vida de los españoles en el siglo XX: la constitución republicana de 1931 y la monárquica de 1978
Voy a intentar realizar un estudio comparativo de la cuestión regional o autonómica según los criterios con los que la abordan las Constituciones espaciales de 1931 ( republicana) y la de 1978 (monárquica). Nos interesa menos saber el proceso de formación de los nacionalismos como movimiento político o su protagonismo como se desarrolla su protagonismo elemento inseparable de la política española. Partimos de la aceptación por ambas constituciones de la democracia como forma político en cualquiera de sus formas, república o monarquía, y la instauración de un régimen de libertades políticas.
La Constitución republicana subraya su carácter izquierdista enunciando que los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo, sin añadirle  el añadido de español como lo hace la Constitución de 1978 , y que la República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones. No se explica más pero se entiende la autonomía municipal dentro del marco más amplio de autonomía regional; que a su vez, constituyen el Estado.
Vemos la diferencia con la Constitución monárquica que no cita a los Municipios y hace una mención a la Nación Española , calificándola como patria común  e indivisible de todos los españoles. Introduce un elemento nuevo al reconocer el derecho a la autonomía de las nacionalidades, aparte del ya conocido concepto de región, y alude a la solidaridad entre todas ellas.
Frente a la cuestión lingüística amabas Cartas Magnas reconocen y establecen el castellano como lengua oficial del Estado pero con matices que es conveniente tratar. La Constitución de 1978 califica al castellano como lengua que debe ser conocida y tenemos el derecho de usarla. El castellano es una lengua española, por exigencia de los nacionalismos , ya que el catalán, el vasco y el gallego se consideran también lenguas españolas y privan al castellano como sinónimo de español.
La Constitución de 1931 alude a la protección dada a las lenguas de las regiones y las provincias reconociendo sus derechos y salvando el uso obligatorio de exigir el conocimiento y el uso de las lenguas regionales. La Constitución actual incide más en la preservación y mimo de las lenguas regionales y enmarca su conocimiento dentro de sus respectivos Estatutos de autonomía. Además el Estado, aunque no lo menciona , deberá otorgar especial cuidado y protección y respeto a las distintas modalidades lingüísticas. Se introduce a si mismo, el reconocimiento de las banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas e indica su uso en los edificios públicos y actos oficiales. En la Constitución republicana se llevará a cabo en la práctica ( caso de las senyera y la ikurriña) aunque no lo mencione en su articulado.
La Constitución de 1978 contiene una declaración de principios generales referente a las Comunidades Autónomas tales como la solidaridad entre las diversas partes del territorio español y remarcando que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. Aunque suene lo dicho anteriormente a una perogrullada no es así , pues algunas regiones ( caso de Andalucía) se han sentido afectadas por un sentimiento de agravio comparativo respecto a otras comunidades y ha sido pieza modular en su discurso autonómico. En el Título VIII , artículo 137, ya se incluye la organización completa del Estado en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses y la igualdad de los españoles en los territorios tiene que quedar fuera de dudas.
Durante la República se describe un organigrama de la organización territorial de forma vertical. La célula básica del Estado español es le municipio que mancomuna con otros municipios constituyendo provincias, que forman regiones y las regiones se constituyen en régimen de autonomía. Tanto el Título Primero/Artículo 11 ( Constitución 1931) como en Capítulo Tercero/ artículo 143 vienen a decir lo mismo. Habla del derecho de autogobierno de aquellas provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes de querer constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.
En sendas constituciones no se admite en ningún caso la federación de Comunidades Autónomas. El proceso de iniciativa del proceso autonómico es bastante parecido en las dos constituciones pues, se necesita las dos terceras partes de los municipios cuya población representa, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. La Constitución de 1978 otorga un plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas para cumplir estos requisitos y en ambas constituciones otorga un paréntesis de cinco años, en caso de que la primera iniciativa no prospere.

A continuación vamos a tratar como Andalucía caminó por la singladura autonómica hasta acceder al autogobierno y los haremos basándonos en los artículos dispuestos al efecto de la Constitución de 1978. Cuando se aprobó la Constitución española en diciembre de 1978 que establecía en su Título VIII, la organización autonómica del Estado. El documento constitucional fijaba tres caminos posibles para el acceso a la autonomía:

. Una vía “automática”, por llamarlo de alguna forma, especialmente diseñada para las nacionalidades históricas- Cataluña, Galicia y País Vasco-, que alcanzarían inmediatamente el nivel máximo de autogobierno . Si nos fijamos se detectan ecos de la Constitución Republicana , concretamente, en el Título I/ artículo 8º

. La vía rápida del artículo 151 de la Constitución, que permitía a cualquier región acceder a la autonomía si la iniciativa era aprobada en referéndum por la mayoría del censo electoral de cada provincia.

. El procedimiento ordinario o vía lenta, regulado por el artículo 143, que suponía un recorrido progresivo –cinco años- en la asunción de competencias autonómicas.

Finalmente el artículo 151 fue el elegido por la Junta de Andalucía frente al partido gobernante de entonces, la UCD, que trataba de conducir todos los procesos autonómicos, salvo el de las nacionalidades históricas, por la vía lenta del artículo 143.
Como mandaba el citado artículo 151, representantes de todos los partidos andaluces con representación parlamentaria elaboraron en la ciudad de Carmona un primer Anteproyecto de Estatuto en el año 1979. Al año siguiente, se celebró el referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica por la vía del artículo 151. Frente a una desacertada propaganda del partido gobernante , UCD, que preconizaba la abstención, la mayoría de la población andaluza votó si en las urnas aunque hubo algunos imprevistos, como ocurrió en Almería, donde no se logró la mayoría absoluta. Fue necesario encontrar un mecanismo jurídico de desbloqueo del proceso autonómico , finalmente alcanzado tras una compleja negociación entre la Junta y el Gobierno, que hizo posible que el 20 de octubre de 1981 se sometiese a referéndum un nuevo y definitivo Proyecto de Estatuto, también elaborado en Carmona. Todas las provincias andaluzas votaron afirmativamente el Estatuto de Autonomía , con porcentajes cercanos al 90 %. Tras su ratificación por el Congreso y el Senado, el Estatuto fue sancionado por el rey Juan Carlos I , y cobró forma con rango de Ley Orgánica el 30 de diciembre. Andalucía había conseguido definitivamente un régimen de autonomía plena, que hacía posible el ejercicio de su responsabilidad política.



En primer lugar debemos aclarar que en el caso republicano las competencias corresponden al Estado español pero en medida de su capacidad política la ejecución de las competencias. En cierta forma es una autonomía tutelada. Ambos textos coinciden en la competencia referente a ferrocarriles, puertos, pesca, caza, ... pero con matices. En la Constitución de 1978 se específica que son puertos que no desarrollen actividades comerciales. La Constitución republicana hace tal distinción . Ambas coinciden en agriculturas y ganadería siempre un consonancia, claro está, con las directrices que marque la economía nacional.
Me sorprende que la II República que tantos esfuerzos dedicó a la difusión y fomento de la cultura y algunos de sus capitostes eran insignes intelectuales no incluyeran en su texto constitucional referido a la competencia autonómica sobre museos, bibliotecas, patrimonio monumental  que si hace la Constitución vigente en la actualidad.
Podemos establecer como análogos, por una parte, el régimen de seguros generales y sociales, y por la otra, asistencia social.
Hay cuestiones que escapan a la legislación republicana simplemente porque no se producían en su época. Es el caso del turismo y el problema actual de la vivienda. Un caballo de batalla de la época fue la legislación civil, por las influencias de instituciones como la Iglesia , y en especial a la forma de matrimonio. Todos conocemos el anticlericalismo que profesó la II República y que hizo plasmar en su texto constitucional. A partir de entonces el Estado legislaría sobre esa cuestión y a la Iglesia le recortaban poder. En 1978 la situación había cambiado bastante. Hoy día se puede optar tanto por un matrimonio civil como religioso teniendo cabida las dos elecciones.

       Finalizando podemos extraer como primera observación que son dos constituciones diferentes y parecidas al mismo tiempo. Son diferentes porque se redactaron en épocas diferentes y atendían a problemas diferentes y en cuanto a las semejanzas pues el tratamiento de los derechos individuales. La constitución de 1931 pecó de cierto sectarismo por parte de quienes la redactaron pareciendo más un programa de partido que una constitución nacional y su vida fue breve y convulsa. La actual constitución de 1978 fue obra del consenso y del acuerdo, y aunque, es cierto, que muchos de sus apartados rezuman ambigüedad para contentar a todos es la vigente y ha sobrevivido a crisis, intentos de golpes de Estado, terrorismo,... y demás calamidades que azotan la vida nacional.
     
    Como conclusión final, debemos saber que ninguna Constitución es perfecta ni tampoco es una varita mágica que resuelva nuestros problemas. La Constitución es un marco de convivencia para las sociedades y son éstas las que deben aplicarla y dotarla de sentido en nuestro quehacer. La letra constitucional no puede ser letra muerta.

Carlos A.Font Gavira




















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